Se trata de una enmienda conjunta que refuerza, aunque de forma limitada, las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos no autorizadas sujetos a derechos de autor.
Así, de ésta forma, se requiere "la previa autorización judicial" para que "el órgano competente" -que sigue siendo la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura- pida la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de, "de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa".
Traduciendo: El procedimiento de la retirada de contenidos y el papel de la "Sección Segunda" no varía casi nada, por decir algo, con respecto a la propuesta anterior rechazada a finales del año pasado.
> Retirada de contenidos
El procedimiento de retirada de contenidos será el siguiente: A petición de la Comisión, y "en un plazo no superior a las 48 horas", el prestador del servicios de la sociedad de la información deberá "proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas". "Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión, en el plazo máximo de tres días, dictará resolución", concluye la propuesta.
"En todo caso...", prosigue, "...la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
También aparece la composición de la misma, que son todos vocales ministeriales: "La Sección (Segunda), bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia". Un reglamento determinará su funcionamiento.
La Sección Primera queda como instrumento de arbitraje para los conflictos que se susciten entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las entidades de radiodifusión o de distribución por cable.
Según el texto pactado, "estará formada por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual".
Este pacto para reintroducir las medidas 'antipiratería' en la LES se producía pocas horas antes de la finalización de presentación de enmiendas, y tras una reunión al más alto nivel en el Ministerio de Cultura.
> A cambio, modificación del canon digital
El acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada, el canon digital, para adecuarlo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que pedía que su aplicación no fuese indiscriminada.
Es más, se introduce una Disposición Adicional nueva: "Modificación de la compensación equitativa por copia privada". Ésta dice, literalmente, que "el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada". Vamos, la cultura del "decretazo" o "decretocracia".
Ahora, se prevé que las enmiendas a la LES pasen a la Ponencia y a la Comisión de Economía del Senado el próximo día 1 de febrero, y llegarán al pleno para su votación el próximo 9 de febrero.
Como conclusión, decir que los políticos nos han puesto el caramelo en la boca rechazando en primera instancia la Ley Sinde en diciembre, y ahora nos lo quitan... Es muy probable que las descargas ilegales aumenten, como ha sucedido en otros países de la UE, véase Francia, pero si se siguen poniendo chulitos, a lo mejor lo que tenemos que hacer todos y cada uno es quitarnos el internet, ¿para qué queremos otro medio manipulado por los politicuchos que nos dirigen? Que les den a toda ésta panda de cabronazos.
En fin, DISFRUTEN LO VOTADO.
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